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Decreto 560 del 15 de abril de 2020 en razón de la Pandemia del Covid-19 donde se realizan modificaciones al régimen de Insolvencia de la Ley 1116

El decreto expedido el día 15 de abril de 2020 junto con otros tantos por parte de la Presidencia de la República, a grosso modo hace las siguientes modificaciones al régimen concursal Colombiano así:

Habrá mas flexibilidad para la admisión de nuevas empresas (sociedades y personas naturales comerciantes). Se le quitaron las atribuciones de auditoría de toda la información contable y financiera al Juez del Concurso para facilitar los requisitos de admisión, sin perjuicio de requerir la información mínima y permitiendo una vez admitida la empresa al proceso que se amplié cualquier información que considere.

Se permitirá que los acreedores entren a participar de la composición accionaria de la empresa mediante la capitalización de pasivos.  Se permitirá que se descarguen los pasivos de las empresas cuyas deudas sean mayores que su valor mismo (el de la empresa como unidad productiva). Y se permitirá también la elaboración de “pactos de deuda sostenible” que jurídicamente no son más que una novación de la obligación. Todo esto con unas excepciones y en ciertas circunstancias, inherentes a cada mecanismo, pero que a manera general busca proteger los créditos laborales, los créditos de menores de edad y que se cuente con la aprobación de los órganos sociales. Dentro de estos mecanismos cabe resaltar que también a la DIAN y a las entidades del Estado se les permitió expresamente rebajar sanciones, intereses y capital de sus acreencias a los deudores incursos en procesos concursales.

Para las empresas en estado de liquidación inminente bajo unas circunstancias especialísimas se podrá que uno o varios acreedores de esta, depositando un capital que cubra como mínimo la totalidad de los créditos de primera clase, indemnizaciones laborales, pasivos pensionales, gastos de administración, acreedores garantizados y demás créditos con vocación de pago adquiera la compañía en liquidación.

Para las empresas que ya están dentro de un acuerdo de reorganización y que como consecuencia del estado de emergencia no puedan cumplir con un acuerdo que está ejecutándose se planteó el proceso de “negociación de emergencia de acuerdos de reorganización”. Que se desarrolla mediante una petición especial que hará el solicitante en reorganización argumentando alguna causal del artículo 9 de la Ley 1116 (cesación de pagos o cesación de pagos inminente). El proceso plantea una duración máxima de 3 meses con las mismas etapas de un proceso de reorganización de la Ley 1116.

Por último el Decreto plantea la inclusión de las Cámaras de Comercio como mediadores de estos procedimientos concursales para efectos de una descongestión y agilidad en el trámite de Insolvencia de la Ley 1116 de 2006.

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El decreto expedido el día 15 de abril de 2020 junto con otros tantos por parte de la Presidencia de la República, a grosso modo hace las siguientes modificaciones al régimen concursal Colombiano así:

Habrá mas flexibilidad para la admisión de nuevas empresas (sociedades y personas naturales comerciantes). Se le quitaron las atribuciones de auditoría de toda la información contable y financiera al Juez del Concurso para facilitar los requisitos de admisión, sin perjuicio de requerir la información mínima y permitiendo una vez admitida la empresa al proceso que se amplié cualquier información que considere.

Se permitirá que los acreedores entren a participar de la composición accionaria de la empresa mediante la capitalización de pasivos.  Se permitirá que se descarguen los pasivos de las empresas cuyas deudas sean mayores que su valor mismo (el de la empresa como unidad productiva). Y se permitirá también la elaboración de “pactos de deuda sostenible” que jurídicamente no son más que una novación de la obligación. Todo esto con unas excepciones y en ciertas circunstancias, inherentes a cada mecanismo, pero que a manera general busca proteger los créditos laborales, los créditos de menores de edad y que se cuente con la aprobación de los órganos sociales. Dentro de estos mecanismos cabe resaltar que también a la DIAN y a las entidades del Estado se les permitió expresamente rebajar sanciones, intereses y capital de sus acreencias a los deudores incursos en procesos concursales.

Para las empresas en estado de liquidación inminente bajo unas circunstancias especialísimas se podrá que uno o varios acreedores de esta, depositando un capital que cubra como mínimo la totalidad de los créditos de primera clase, indemnizaciones laborales, pasivos pensionales, gastos de administración, acreedores garantizados y demás créditos con vocación de pago adquiera la compañía en liquidación.

Para las empresas que ya están dentro de un acuerdo de reorganización y que como consecuencia del estado de emergencia no puedan cumplir con un acuerdo que está ejecutándose se planteó el proceso de “negociación de emergencia de acuerdos de reorganización”. Que se desarrolla mediante una petición especial que hará el solicitante en reorganización argumentando alguna causal del artículo 9 de la Ley 1116 (cesación de pagos o cesación de pagos inminente). El proceso plantea una duración máxima de 3 meses con las mismas etapas de un proceso de reorganización de la Ley 1116.

El decreto expedido el día 15 de abril de 2020 junto con otros tantos por parte de la Presidencia de la República, a grosso modo hace las siguientes modificaciones al régimen concursal Colombiano así:

Habrá mas flexibilidad para la admisión de nuevas empresas (sociedades y personas naturales comerciantes). Se le quitaron las atribuciones de auditoría de toda la información contable y financiera al Juez del Concurso para facilitar los requisitos de admisión, sin perjuicio de requerir la información mínima y permitiendo una vez admitida la empresa al proceso que se amplié cualquier información que considere.

Se permitirá que los acreedores entren a participar de la composición accionaria de la empresa mediante la capitalización de pasivos.  Se permitirá que se descarguen los pasivos de las empresas cuyas deudas sean mayores que su valor mismo (el de la empresa como unidad productiva). Y se permitirá también la elaboración de “pactos de deuda sostenible” que jurídicamente no son más que una novación de la obligación. Todo esto con unas excepciones y en ciertas circunstancias, inherentes a cada mecanismo, pero que a manera general busca proteger los créditos laborales, los créditos de menores de edad y que se cuente con la aprobación de los órganos sociales. Dentro de estos mecanismos cabe resaltar que también a la DIAN y a las entidades del Estado se les permitió expresamente rebajar sanciones, intereses y capital de sus acreencias a los deudores incursos en procesos concursales.

Para las empresas en estado de liquidación inminente bajo unas circunstancias especialísimas se podrá que uno o varios acreedores de esta, depositando un capital que cubra como mínimo la totalidad de los créditos de primera clase, indemnizaciones laborales, pasivos pensionales, gastos de administración, acreedores garantizados y demás créditos con vocación de pago adquiera la compañía en liquidación.

Para las empresas que ya están dentro de un acuerdo de reorganización y que como consecuencia del estado de emergencia no puedan cumplir con un acuerdo que está ejecutándose se planteó el proceso de “negociación de emergencia de acuerdos de reorganización”. Que se desarrolla mediante una petición especial que hará el solicitante en reorganización argumentando alguna causal del artículo 9 de la Ley 1116 (cesación de pagos o cesación de pagos inminente). El proceso plantea una duración máxima de 3 meses con las mismas etapas de un proceso de reorganización de la Ley 1116.

Por último el Decreto plantea la inclusión de las Cámaras de Comercio como mediadores de estos procedimientos concursales para efectos de una descongestión y agilidad en el trámite de Insolvencia de la Ley 1116 de 2006.

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